Las recientes declaraciones de la ministra de la Mujer sobre Condorcanqui evidencian desconocimiento.

Es cierto que el Gobierno Regional de Amazonas tiene responsabilidades, pero sostener que lo ocurrido no es un problema del Ejecutivo ni de los organismos de justicia revela precisamente una de las razones por las que esta situación lleva tantos años sin una respuesta suficiente.

Condorcanqui no es un problema de una institución. Es una deuda del Estado peruano. Quienes hemos visitado esta parte del país, recorrido río Santiago, ingresado a las comunidades, escuchado a mujeres y comunidades awajún y wampis, dialogado con las parteras, sabemos que el tema no se resuelve diciendo: es responsabilidad del gobierno regional.

En mi anterior periodo fiscalice y contribuí a visibilizar lo que estaba ocurriendo. Me reuní, en su momento con varios ministros para exigir una estrategia de atención integral del Estado. Y ya en el Senado impulsé una comisión especial para hacer seguimiento a esta situación. No fue aprobada.

Estamos hablando de un territorio donde se cruzan violencia sexual contra niñas y adolescentes, VIH, pobreza, barreras enormes para acceder a salud y justicia y el avance de la minería ilegal y otras economías ilícitas. Frente a una realidad así, ¿cómo puede una ministra decir que el problema corresponde a otro?

Pero hay una pregunta política todavía más profunda: ¿por qué el Estado responde de esta manera cuando las víctimas son niñas indígenas?

Todavía resuenan aquellas expresiones de un exministro de Educación que pretendió explicar gravísimos hechos de violencia sexual aludiendo a supuestas “prácticas culturales”. Hoy, nuevamente, escuchamos a una autoridad nacional trasladar la responsabilidad hacia otra instancia del Estado.

Porque la discriminación no aparece solamente en un insulto o en un acto explícitamente racista. También existe discriminación estructural cuando el lugar donde naciste, tu pertenencia indígena y tu situación económica determinan cuánto tiempo tienes que esperar para que el Estado te proteja de verdad. Y eso es lo que debemos cambiar.

¿Por qué después de años de denuncias sigue siendo tan difícil tener presupuesto con nombre propio para Condorcanqui, servicios permanentes de fiscales, atención integral frente al VIH, protección para las víctimas y una estrategia efectiva frente a la minería ilegal? ¿Por qué fue tan difícil incluso aprobar una comisión parlamentaria que hiciera seguimiento específico a esta situación?

No necesitamos que el Gobierno Nacional, el Gobierno Regional y los organismos de justicia se señalen unos a otros. Necesitamos responsabilidades compartidas, presupuesto y resultados.

Si realmente queremos hablar de protección integral de la infancia, Condorcanqui tiene que ser una prioridad. La igualdad también se mide por la urgencia con la que el Estado protege una vida. Y las vidas de las niñas awajún y wampis no valen menos.