La denuncia de una violación sexual contra un adolescente debe investigarse con celeridad, proteger integralmente a la víctima y determinar sanciones individuales e institucionales que correspondan.

Sería un error mirar este caso como un hecho aislado. En 2025 se reportaron cerca de 20 mil casos de violencia escolar en el país, más de 3 500 de ellos de violencia sexual. Y solo entre enero y agosto de este año se registraron 1 198 reportes de violencia sexual entre estudiantes. Detrás de estas cifras hay niños, niñas y adolescentes que están viviendo violencia precisamente en espacios que deberían ser seguros.

Lo ocurrido en el Liceo Naval nos obliga a hacer preguntas: ¿qué está pasando en nuestros colegios?, ¿se está detectando a tiempo el bullying, el hostigamiento y la violencia sexual?, ¿se escucha las primeras alertas?, ¿funcionan realmente los protocolos?

Y existe una responsabilidad que no podemos eludir: la de los adultos y las instituciones. En el caso del Liceo Naval debe esclarecerse qué conocían las autoridades, cuándo lo conocieron y qué hicieron frente a las alertas existentes. Ninguna institución puede proteger su prestigio por encima de la integridad de un niño o adolescente.

Pero este problema tampoco termina en Lima. En distintas regiones del país hay niñas, niños y adolescentes expuestos a violencia, con enormes brechas para denunciar y recibir protección. En las zonas rurales, amazónicas y más alejadas esas dificultades pueden ser todavía mayores, el caso Condorcanqui lo expresa (profesores denunciados por violación).

Tenemos leyes, protocolos y un sistema como SíseVe pero nuestros estudiantes siguen expuestos a violencia. Necesitamos una política nacional mucho más fuerte de prevención de la violencia escolar, educación sexual integral a cada etapa, salud mental y convivencia escolar; docentes capaces de identificar señales de riesgo; familias involucradas; canales seguros de denuncia y autoridades que actúen desde la primera alerta.

La violencia no comienza el día en que un caso llega a la Fiscalía o la PNP, comienza mucho antes, cuando una humillación se normaliza, una señal se minimiza o una denuncia no es escuchada.

Nuestros colegios deben ser espacios seguros. Proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes debe ser una prioridad del Estado y desde el Congreso ninguna ley debe debilitar la prevención o actuación frente a la violencia.