He sostenido que jueces y fiscales deben responder cuando incumplen sus deberes. Pero también que el poder disciplinario debe ejercerse con debido proceso, proporcionalidad y la misma vara para todos.

Por eso hay otro caso sobre el que deberíamos preguntarnos qué está haciendo nuestro sistema de justicia. Erick Cubas tenía 17 años. Murió luego de ser torturado, permaneciendo bajo custodia policial en la comisaría de Manchay. Su familia sigue exigiendo saber qué ocurrió.

Los abogados del adolescente torturado han denunciado serias irregularidades y obstáculos en la investigación. Y mientras la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos investiga un presunto homicidio, se abrió además una investigación paralela en el Fuero Militar Policial.

¿Con qué rapidez funciona nuestro sistema de control cuando está en juego la independencia de un juez y con qué rapidez funciona cuando un adolescente muere estando bajo custodia del Estado?

En el caso del adolescente torturado en la comisaría de Manchay sus abogados advirtieron negligencia fiscal, obstrucción policial, incumplimiento de los protocolos de protección de un menor detenido y varias responsabilidades de policías. Hoy ningún policía detenido o separado definitivamente y tampoco un fiscal que garantice una investigación imparcial.

Erick tenía 17 años. Entró vivo a una comisaría. El Estado tenía el deber especial de proteger su vida e integridad mientras permanecía bajo su custodia. Sus padres solo reciben injusticia tras injusticia, a tal punto que un ex congresista y actual senador Fernando Rospigliosi afirmó que el menor se auto eliminó intentando justificar la atrocidad cometida en la comisaría de Manchay.

El Estado de derecho se demuestra cuando las reglas y los controles funcionan con la misma firmeza para todos. La tortura del adolescente Erick nos muestra que esos controles son selectivos.